Ite Botnia est. Alleluia! Alleluia!

Cuando la misa aún se pronunciaba en Latín, con el sacerdote de espaldas a la congregación --sí, soy tan viejo como para haberlo vivido-- el "Ite Missa est" significaba el fin de la misma. El sacerdote nos mandaba --como la Biblia dice-- ir y multiplicar en la Fe a cuantos pudiéramos convertir.

Era, para quienes entre nosotros tomábamos estas cosas cum grano salis, también la liberación. Terminaba la amenaza de que el sacerdote nos dirigiera la palabra durante el sermón --preguntando, por supuesto, algo de lo que no teníamos ni zorra idea. Terminaba la tensión de recitar o cantar aquellos textos de los que no recordábamos ni la mitad y sustituíamos píamente por un mbssshhmmmm por lo bajo, intentando que nadie lo notara a nuestro derredor. Terminaba esa desazón peremne de si no habríamos tenido que confesar también el número exacto de cosas horrorosas que habíamos hecho durante la semana, que seguramente nos iba a traer la deformación mental más absoluta entre otras taras (transformado hoy por el mundo moderno en objeto de clases en la escuela) y que siempre reducíamos a algún casto "toqueteo" antes que confesar la lúdica y libidinosa actitud a la que nos sometíamos con goce. Terminaba todo eso y éramos libres de disfrutar el sol del domingo, todo un día de gloria y de placer hasta que la tensión recomenzara la próxima semana.

Espero que me hayan perdonado ya mi divague histórico-sacramental, por vía del cual pretendo que vayamos saliendo también de este peremne confrontamiento originado por el rechazo de Argentina a que Uruguay ejerciera sus derechos soberamos. Sí, sé que puesto así suena duro y controversial y muy en disonancia con los artículos escritos en los últimos tiempos, como el Ni Vencedores ni Vencidos publicado por La Nación cuando se conoció que hoy saldría el veredicto de la CIJ en La Haya. O como la bienintencionada carta de nuestros amigos del CPA. Pero, creo que en el fin de este conflicto, o en el principio del fin, si ustedes así lo prefieren, es hora ya que nos dejemos de emplear lenguaje tibio y llamemos a las cosas por su nombre. Este conflicto, que transcurrió por sobre el mandato de tres Presidentes de Uruguay, tuvo responsables en su origen, responsables en su desarrollo y responsables también en su superación y una vez que nos sacamos de arriba ese juicio internacional, cuyo resultado hoy conocido es inapelable, bien podemos por una vez ser sinceros.

El conflicto se inició como un problema interno uruguayo. Uno de los mejores relatos del desarrollo de los orígenes de este berrodo, lo ha hecho Eduardo Irigoyen y pervive en las páginas de Indymedia. En 2003, algunos militantes del Frente Amplio, entonces en la oposición, fogonearon en todo lo posible la oposición a las plantas de celulosa, ENCE en aquel momento. Por cierto que ese FA no era el FA actual, dado que estos años han servido para que ese partido, convertido en partido de masas, se haya corrido al centro, abandonando las posiciones extremas de izquierda que han pasado a ser el baluarte de Asamblea Popular donde militan Delia Villalba, Gonzalo Abella y tantos de los otros ultraecologistas fanatizados por este problema. Por cierto, con mínimo apoyo popular. Entiéndase que esto no es una declaración política para llevar agua para mi molino, sino una descripción de la realidad como la entendían (y la entienden) los izquierdistas tradicionales, que siguen aferrados a algunas de sus creencias más rancias, como la oposición a la globalización y a las transnacionales. Carlos Amorín, frenteamplista conocido, escribió en su momento en Brecha estas palabras, que pueden verse en contexto en este artículo del 4/nov/2005:

En el Parlamento, mientras tanto, la izquierda se opuso sistemáticamente al desarrollo de este megaproyecto forestal, aduciendo con razón que se trataba de un emprendimiento que instalaría en el país relaciones de expoliación en diversos niveles, y que la tierra y los escasos subsidios disponibles deberían usarse en la promoción de actividades productivas y no extractivas como lo es la forestación.

Eduardo nos da también la pista de Luis E. Sabini Fernández, Editor de la revista Futuros, coordinador del Seminario de Ecología y DD.HH. de la Cátedra Libre de DD.HH. de la Fac. de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien escribía desde Buenos Aires, en Octubre del 2005, lo siguiente:

Para Jorge Batlle, ¿qué más “natural” que poner la tierra, el agua, otorgar exenciones impositivas a una “valiosa inversión”, financiar las carreteras necesarias para el emprendimiento, ampliar o construir un nuevo puerto para facilitarles traslados, prestar la mano de obra local en régimen de “zona franca”, es decir extraterritorializando la zona, permitiendo que en los recintos fabriles no rijan ni las leyes laborales, ni las impositivas ni las ambientales que malamente rigen, al menos teóricamente, en el resto del territorio? Nadie se extrañaba, por lo tanto, de que el Frente Amplio Encuentro Progresista Nueva Mayoría (nombre largo si los hay) repudiara desde la oposición semejantes componendas.

El detalle es que como el huevito que encontró el dedo gordo en el nido, Jorgito lo llevó a la casa pero fue el nuevo gobierno el que se lo comió. Y aparentemente sin quejas. O con quejas. Porque medio FA quedó de un lado y otro medio, del otro. La diputada frentista local, organizaciones frentistas de base, en contra; en las cúpulas la opinión mayoritaria parece ser favorable.

Nadie se sorprenderá de saber --como siempre lo ha mantenido Carlos Grant-- que Sabini Fernández coincide también en oponerse a los transgénicos, los agrotóxicos y la minería a cielo abierto, entre otras cosas (no sabemos de su preferencia por el ecosexo, though).

Los diarios de la época (2004) dan cuenta de la posición decididamente a favor de los partidos tradicionales y de la posición dividida de la izquierda (la diputada Nora Gauthier, representantes en Fray Bentos del FA, y una declaraciòn pública del PIT-CNT discordaban con la instalación de Botnia --la declaración 14 del Octavo Congreso del PIT-CNT dice "El Octavo Congreso del PIT CNT respalda la decisión adoptada por los plenarios Sindicales Departamentales de Soriano y Río Negro, contra la instalación de las Plantas de celulosa aprobado por unanimidad"-- mientras que unos días después el ya declarado Ministro de Economía del próximo gobierno, Danilo Astori, desestimaba revisar los contratos de telefonía y construcción de plantas de celulosa). Es interesante señalar que en el primero de los artículos citados se da cuenta de la presencia de Horacio Melo como representante del grupo ambientalista Ñandubay (predecesor de la ACAG) lo que echa por tierra el tan manido argumento de que los vecinos de Gualeguaychú no tuvieron oportunidad de expresarse sobre este tema.  

También Raúl Zibechi, desde Brecha y en diversos artículos que pueden encontrarse en la red, como por ejemplo éste escrito en Setiembre de 2005, destaca que el FA en su momento tuvo una posición ambigua sobre este tema. Por un lado cobijó a los movimientos radicales, ultraecologistas, sin desmentir su discurso a nivel de las bases, y oponiéndose en el Parlamento a los intentos de llevar adelante el tratado de inversiones entre Uruguay y Finlandia --como lo discutieron en un post previo Fausto y Egidio-- y por otro lado, a nivel de las cúpulas verdaderamente socialdemócratas, de centro izquierda y no de izquierda, pensando en seguir adelante con el apoyo a este proceso en el que los partidos tradicionales habían embarcado a Uruguay, y ofreciendo a posteriori una serie de justificaciones tibias de por qué contradecían el discurso que la izquierda les presuponía. 

¿Qué pasó entonces al verificarse este cambio progresivo en los elementos más racionales de la izquierda? Que los ultraecologistas, formalmente aún en el FA, pero no atendidos como deseaban, en el 2003 cruzaron a Gualeguaychú. Eduardo nos relata:

En el 2003, cuando no tuvieron más eco en Fray Bentos, encontraron amplio apoyo en Gualeguaychú con una campaña de terror que pronosticaba el apocalipsis medioambiental. Cito textualmente lo publicado en setiembre de este año en “Garra Charrúa”, página de uruguayos del Frente Amplio radicados en Argentina: “La famosa Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, nació, (no con ese nombre) en junio de 2003, cuando un grupo de Uruguayos, llegaron a esa ciudad para informar de los proyectos que se harían en la región. Eran 20 tarados que hablaban de cosas que nadie entendía entonces, y estos ecologistas, periodistas, y ciudadanos comunes, se pusieron a trabajar. Hoy hasta los perros son ecologistas, y por supuesto, también mas que nadie, los políticos”.

Lamentablemente no queda ya traza en la red de esa declaración, pero no hay por qué no creer a los relatos contemporáneos. De aquella época data el hoy ignoto Grupo Ñandubay, al que Mello representara en Uruguay, y que cedería luego el paso a la ACAG. En 2006 aparecen juntas estas organizaciones en una convocatoria a una marcha al puente, figurando como contactos Mello y el Ing. Rubio (más adelante renunciante esclarecido, y escrachado por la ACAG) por parte del Grupo Ñandubay y Andrés Rivas, por la entonces Asamblea Ambiental Gualeguaychú, junto al "flaco" Claret por el Ejército Alpargatista de Liberación Nacional (Gualeguaychú)(sic) y Delia Villalba, entre otros. Mucho antes, en Setiembre de 2003, siguiendo la recomendación de rechazo a las papeleras tomada en el Octavo Congreso del PIT-CNT, en marcha hacia la IV Internacional, unos 2000 argentinos y uruguayos se reunieron para aprobar lo que se conoció como Declaraciòn de Gualeguaychú, que en lo fundamental decía:

1. Como consecuencia de importantes debates y encuentros públicos llevados a cabo a ambas márgenes de la costa del Uruguay, se ratifica la más absoluta oposición a la instalación de una Planta de Celulosa de origen español y del denominado grupo empresario ENCE, a emplazarse en Bopicuá, a ocho kilómetros al norte de la vecina Ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay.-

2. Rechazan los estudios de impacto ambiental elevados por los inversores extranjeros, los que por otra parte ya han sido oportunamente impugnados por entidades no gubernamentales ante la DINAMA - Dirección Nacional de Medio Ambiente de la hermana República Oriental-, organismo responsable de la evaluación de los estudios aludidos.-

Ya ahí aparecen como firmantes ambos grupos, aunque no sus representantes, y aparece el famoso "Sí a la vida. No a las fábricas de celulosa" que luego se transformaría en el idiotizante "Si a la vida. No a Botnia." El 4 de Octubre de ese año se realizó la primera de las marchas al puente, con presencia de argentinos y uruguayos (la foto en realidad corresponde a la de 2007). El intendente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino, encabezaba la caravana que partió desde la Municipalidad y que llegó al mencionado puente con la adhesión de pobladores de ciudades lindantes. Eduardo nos recuerda 


"Llegaron a Fray Bentos en una caravana de vehículos, hasta la puerta de la Intendencia, encabezados por el Intendente Martínez Garbino y el Embajador Patiño Meyer. Mucho ruido, mucha prensa y mucha tensión. Los recibieron con inocultable alegría, militantes del Frente Amplio. El entonces Intendente de Río Negro Francisco Centurión los atendió en la sala de actos de la Intendencia junto a ediles, directores del Municipio, dirigentes colorados, algunos blancos, pero nadie del Frente Amplio."

Este Emilio, ex-intendente, es el hermano de Abel Martínez Garbino, integrante del colectivo de comerciantes en contra del corte, del que bastante se hablara hace unos meses. Patiño Meyer, como ya sabemos, es el ya renunciado ex-embajador argentino en Uruguay. En realidad, estos señores mencionados pertenecen al conjunto de quienes perpetuaron el conflicto, los políticos. El tema saltó a los titulares de los diarios nacionales argentinos recién el 4 de Octubre de 2003, cuando La Nación informó por primera vez. Se consignaba ahí lo que más adelante describiría El País como: "En aquel entonces, el intendente Emilio Martínez Garbino encabezó una caravana que pasó por el puente internacional sin pagar peaje alguno, irrumpió a "ruido de bocinas" en la tranquila Fray Bentos y terminó con la entrega de un memorando al entonces intendente colorado Francisco Centurión". La participación de Patiño Meyer no es muy clara. Eduardo Irigoyen lo consigna como que el Embajador acompañó la pueblada. Sin embargo, Veronessi recientemente dice otra cosa, como que el Embajador intentó detener el cruce del puente y desde ese momento fue persona non grata para la AAG. Tres días después, La Nación nuevamente informaba, esta vez desde Montevideo, e incluía una declaración del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguya, Saúl Irureta, que decía

"Tengo la convicción de que el proceso electoral en la provincia de Entre Ríos juega en todo esto", dijo Saúl Irureta, al recordar que uno de los impulsores de la movilización del sábado pasado contra la planta de celulosa, el intendente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino, es candidato a gobernador en las elecciones que se desarrollarán el 23 del mes próximo. 

Es decir, ya en 2003 era bastante obvio que había intereses electorales en el medio del asunto, sobre todo desde que el desgastado Gobernador Montiel, de la UCR, estaba por ser desplazado por el inefable Jorge Busti, apoyado por el kirchnerismo. En ese sentido es ilustrativo leer con atención esta acta de la Cámara de Diputados argentina, entre otras cosas porque en 2006 y antes de ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, incluye una declaración muy interesante del Diputado Hugo Martini, que reproduzco:

El mundo no funciona como nosotros quisiéramos que funcione. Si cortamos un paso fronterizo, podemos festejarlo, podemos estar contentos con nosotros mismos, pero la realidad es que el mundo funciona como funciona, tiene códigos escritos y no escritos y tiene reglas de comportamiento. Nosotros podemos decir que no existen, podemos tener una patología especial para decir que el mundo no existe, pero el mundo existe y las reglas que regulan ese mecanismo de convivencia establecen que las disputas no se solucionan extrapolando la forma de solución de los conflictos internos a la política internacional, lo que nos parece delirante. 

En ese momento era ya claro que había conciencia suficiente de la actuación política incompetente del gobierno argentino. Para más abundancia, el Diputado Raimundi advertía:

La otra cuestión, que seguramente luego abordará la señora diputada Maffei con más profundidad, es que un Estado se debilita mucho al acudir a un tribunal internacional pidiendo un determinado estándar que todos compartimos en materia de política ambiental pero que no es respetado en la integralidad de sus políticas ambientales internas.

Lamentablemente, estas pocas perlas de sentido común se pierden en esa acta entre toneladas de basura ideológica y deformación fáctica, para no hablar de crasa ignorancia.

Entre 2003 y 2010 pasaron muchos actores en esta comedia de enredos y equivocaciones. Nombrarlos a todos sería imposible. Pero es claro que en algún momento deberán ser puestos todos juntos en una compilación memorable. Para no ser machista y depositar toda la culpa sólo en los señores como Busti y Kirchner, cuya foto juntitos, juntitos, publicamos más arriba, no nos olvidemos de las féminas de la especie.

Ningún racconto de esta historia estaría completo sin mencionar a las hoy ya no tan mediáticas Romina Picolotti y Evangelina Carrozzo, cultoras ambas de estilos marcadamente diferentes pero defensoras ellas con distintas partes de sus anatomías, de la lucha irredenta de la heroica y sitiada ciudad de Gualeguaychú. Les hacemos un lugar para el recuerdo aquí, remitiendo a los artículos excelentes que sobre ellas publicó nuestro amigo Jorge en ecoUruguay, sobre la una aquí y sobre la otra acá. Poco se ha sabido últimamente de Evangelina, mientras que Romina sigue su cruzada ahora contra las mineras, incordiando a los canadienses. Esperemos que con actitudes menos desmelenadas que las que tuvo frente a la Corte de La Haya.

Pero saltemos en el tiempo ahora --nada menos que 7 años-- y dejemos de lado a los responsables del desarrollo y profundización del conflicto (para seguirlo minuto a minuto recomiendo esta página de Wikipedia y esta página en barrameda). Vayamos directamente a lo que Argentina y Uruguay reclamaron al Tribunal de la CIJ en La Haya. Si nos fijamos en lo medular, Argentina reclamó que

"por todas las razones descriptas en su Memoria, en su respuesta y en el juicio oral, que los respalda plenamente, solicita a la Corte Internacional de Justicia:

• Tanto la construcción de ENCE como la construcción y puesta en funcionamiento de Botnia y sus instalaciones asociadas en la margen izquierda del río Uruguay, “han violado las obligaciones que le incumben en virtud del Estatuto del río Uruguay, de 26 de febrero de 1975 y han comprometido su responsabilidad internacional”. 

• que falle y declare que, como resultado, la República Oriental del Uruguay deberá:

• A) Reanudar el cumplimiento estricto de sus obligaciones en virtud del Estatuto del río Uruguay, de 1975.
• B) Cesar de inmediato los hechos internacionalmente ilícitos por los que ha comprometido su responsabilidad.
• C) Restablecer en el suelo y en términos jurídicos la situación que existía antes de que estos hechos internacionalmente ilícitos se cometieron.
• D) Pagar una indemnización a la República Argentina por los daños causados por esos actos internacionalmente ilícitos, de un importe que será determinado por el Tribunal en una etapa ulterior del procedimiento.
• E) Que Uruguay ofrezca suficientes garantías de que se abstenga en el futuro de la prevención del Estatuto del Río Uruguay de 1975 del que se aplica, en particular, el procedimiento de consulta establecido por el Capítulo II de este Tratado”.

 Por su parte, Uruguay fue un tanto más conciso, limitándose a solicitar.

“Sobre la base de los hechos y argumentos expuestos en contra de Uruguay-Memorial, dúplica y en el juicio oral, las solicitudes de Uruguay es que la Corte falle y declare que las reivindicaciones de la Argentina son rechazadas, y el derecho de Uruguay para mantener en funcionamiento la planta de Botnia es de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975”.

Nótese que el gobierno argentino (no "la" Argentina) no se bajó del caballo hasta el últimoísimo momento. En un artículo en La Nación, escrito por Lucas Colonna un par de semanas antes del fallo, éste decía:

Las expectativas del Gobierno por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no son en absoluto menores: la Casa Rosada aún alberga como máxima aspiración que los jueces del tribunal dispongan la relocalización de la pastera Botnia, instalada en Fray Bentos, sobre la margen izquierda del río Uruguay, y en funcionamiento pleno desde hace ya dos años.

Para los órganos de prensa de la ciudad sitiada, no cabía duda de la victoria a obtener, al punto de catalogar todos las manifestaciones uruguayas como "abrir el paraguas" porque el Uruguay sabía (según los piqueteros) que sería condenado. La propia Ruiz Cerutti, en un artículo imperdible por lo tendencioso y retorcido de sus manifestaciones, decía

Hay que pensar que la lucha que ha estado llevando a cabo la población de Gualeguaychú, en el fondo no solo apuntaba a un solo emprendimiento. Piense usted en la consigna: “No a las Papeleras”. Si la Corte decide que ha habido una violación, que el Uruguay no puede autorizar este tipo de emprendimientos sin consultar con la Argentina; creo que de aquí al futuro el “No a las Papeleras” estaría adquirido. De modo que para la Asamblea, para la gente de Gualeguaychú esto sería una gran conquista.

En Uruguay, por otro lado, se tendía a bajarle el perfil a la confrontación, augurando un fallo salomónico y no 100% a favor de nuestro país. Korzeniak, por ejemplo, asesor legal del equipo uruguayo frente a La Haya, entendía que quizá, por mayoría, los magistrados acoten que Uruguay no cumplió algún requisito formal, "como forma de salvar el honor de los países". El Vicecanciller Roberto Conde, por su lado, declaraba “Este fallo tiene que ser tomado como una oportunidad de replantear el diálogo y en esto es muy importante, en primer lugar, que nadie ni en Argentina ni en Uruguay vayan a tomar este fallo para establecer ni ganadores ni perdedores. El fallo es bueno para los dos desde el momento que nos permite reinstalar un diálogo sobre un tema muy penoso que nos viene aquejando hace muchos años”. Las posturas en ese momento quedaron quizá mejor delimitadas en dos entrevistas extensas, una a la Embajadora argentina Susana Ruiz Cerutti, publicada por el diario El Día de Gualeguaychú, y otra al ex-Canciller uruguayo Didier Opertti, publicada por la Radio El Espectador de Uruguay, aunque, sugestivamente, la posición de Ruiz Cerutti conocida en el fin de semana inmediatamente antes del fallo fue notoriamente más moderada y claramente ya no se hablaba de desmantelamiento. Esto se interpretó en muchas tiendas como que tanto Argentina y Uruguay conocían ya la esencia del fallo y estaban realizando control de daños. Que el mismo fuera mayormente del lado argentino parecía presagiar que la demanda en sí sería rechazada, aún cuando posiblemente se reconviniera de alguna forma a Uruguay.


El diario El País, el mismo día del fallo (es decir, hoy) presentaba las alternativas posibles en un artículo titulado La hora del corte y la nueva relación, curiosamente ilustrado con la foto de la derecha que es todo un muestrario paradigmático de la comedia de equivocaciones que resultó este conflicto: la señora gorda sumergida hasta las rodillas en el río Uruguay, mirando a una Botnia construida y operativa del otro lado, casi como si la pudiera tocar con la mano. Cualquier persona se da cuenta (por la diferencia de nitidez) que la foto fue sacada con un teleobjetivo, por lo cual desde el punto de vista informativo la foto es "trucha", tal como los peces de dos cabezas que se pensaban encontrar cuando la fábrica operara o nuestro viejo amigo el "botñito".


Por supuesto, pese a todas las voces conciliadoras, los acagüenses siguieron en sus trece, prometiendo amenazas varias si no les conformaba el fallo, montando pantallas gigantes y poniendo a trabajar a todos sus abogados y técnicos, para seguir en directo la transmisiòn desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya. No menos seguro del triunfo se mostró horas antes del fallo el ex-Presidente Tabaré Vázquez mientras que el actual Presidente Mujica se mostraba tranquilo y decía que "no hay milagros". ¿Sería eso la rutina del poli bueno y el poli malo?

Bueno, pero no hagamos ya más suspenso y pasemos entonces ahora a lo fundamental. ¿Qué dictaminó finalmente la Corte Internacional de Justicia? y cómo se conjuga eso con el propósito original argentino, que se ve reflejado en este artículo de La Nación del Día de los Inocentes de 2005 (de paso nótese en la foto a casi todos los fogoneros de este conflicto, Guastavino, Busti, Estrada Oyuela, García Moritán, Taiana y Patiño Meier). Resumamos a continuación y seguramente en un artículo posterior lo desarrollemos con mayor abundancia de detalle (de paso veamos quien estuvo más cerca de los pronósticos hechos en el artículo anterior). ¿Aceptó o no la Corte la denuncia y las demandas argentinas, tal como están formuladas arriba, o las desechó, tal como planteaba Uruguay?

Es de destacar que al inicio de la lectura del fallo la Corte haya realizado un homenaje a Gross Spiel, llamando a un minuto de silencio luego de describir sus múltiples méritos como jurista. A continuación se leyó la presentación y luego la sentencia a partir del párrafo 25.


El primer punto importante fue saber si la Corte es o no competente, en función de la aplicación del Estatuto del Río Uruguay. La Corte por tanto debe interpretar el Estatuto y su ámbito de aplicación. En primer lugar deja de lado la contaminación visual, sonora o de malos olores, o su impacto sobre el turismo argentino, porque no es de competencia de la Corte. Argentina no ha dado ningún elemento de prueba entre los malos olores y el ambiente acuático del río, y por lo tanto no hay aquí aplicación del Estatuto. Finalmente, desecha la tesis argentina de que por el Art. 41 del Estatuto deben incorporarse otros tratados internacionales en forma obligatoria, pero dice que el derecho internacional debe aplicarse de buena fe.


Ahora pasa a hablar sobre las obligaciones de procedimiento, antes de tratar el asunto de fondo. Aquí hace énfasis la Corte sobre la necesidad de la cooperación. Describe el Estatuto como régimen completo e innovador. Subraya que el Estatuto creó la CARU e implementó procedimientos para que las partes puedan cumplir con sus obligaciones de fondo, pero que tanto las obligaciones procesales y de fondo pueden cumplirse o violarse independientemente. Por lo tanto la Corte analizará el rol de la CARU y luego verá si Uruguay cumplió o no sus obligaciones procesales de acuerdo al Estatuto.


Aquí hay el primer punto en contra de Uruguay, diciendo que CARU no es un simple correo entre las partes, que tiene personería jurídica y que debe involucrarse en la administración del Estatuto, para conseguir la utilizaciòn racional y óptima del río. La CARU tiene un rol fundamental y no es de utilizaciòn facultativa para las partes, pudiendo servir de instancia de conciliaciòn de litigios. Por lo tanto la Corte considera que dala la magnitud y la diversidad de las funciones de la CARU, las partes quisieron hacer de la misma un elemento central en la administraciòn del Estatuto y el aprovechamiento racional y óptimo del río Uruguay. Describe entonces que la CARU es la que debe determinar si una actividad puede o no tener perjuicio sensible. Y que el principio de debida diligencia debe formar parte de las actividades de quien diseña la actividad. Describe luego todo el procedimiento necesario de información a la CARU para que ésta determine si existe o no peruicio sensible. Y diferencia entre la informaciòn a la CARU y la informaciòn a la contraparte, contenidas en distintos artículos.


La Corte opina que la CARU debe ser informada ni bien exista suficiente información disponible, no necesariamente completa, para que aquella pueda hacer la evaluaciòn somera y rápida. La obligaciòn de informar a la CARU no fue seguida por Uruguay, que dió los permisos para Ence, Botnia y el puerto SIN HABER INFORMADO PREVIAMENTE A LA CARU. Uruguay no respetó lo que le impone el Art. 7 del Estatuto. A posteriori, es necesario la notificaciòn a la otra parte para que se pueda saber si existirá o no perjuicio sensible y dicah notificación debe hacerse por medio de la CARU. Ello permitirá a la segunda parte participar en el proceso de evaluaciòn con conocimiento de causa. Las notificaciones a Argentina no llegaron a través de la CARU y Uruguay no debería haber dado las autorizaciones antes de notificar. Uruguay priviligió su propia legislaciòn interna y dejó de lado una norma consuetudinaria, incumpliendo el Tratado de Viena.


Ahora se pasará a analizar si las partes acordaron exceptuar de la CARU todo el proceso, de acuerdo a lo que mantiene Uruguay. La Corte sostiene que luego que Uruguay dió incorrectamente la autorización a CMB, los ministros se pusieron de acuerdo en el procedimiento a seguir mediante el acuerdo presente en el Acta de la CARU. La Corte sostiene que este arreglo vincula a las partes y debería haber sido cumplido de buena fe, con lo cual sí podían apartarse del Estatuto mediante este acuerdo. De cualquier manera, la Corte constata que las informaciones a la CARU no se hicieron correctamente y que este acuerdo no puede extenderse a Orion, como pretende Uruguay. La Corte concluye que el acuerdo del 2 de Marzo de 2004 no puede exonerar a Uruguay de las obligaciones del artículo 7 del Estatuto. La Corte subraya que el artículo 60 es el que se aplica entonces para concurrir a la CIJ. 


La Corte es conciente que la negociaciòn prevista en el Art. 12 está integrado de tal forma que al final del proceso ambas partes estén en condiciones de prevenir cualquier perjucio transfronterizo. La Corte considera que el acuerdo de 2005 no puede interpretarse como que Argentina aceptando la creaciòn del GTAN haya renunciado a otros derechos que le asisten bajo el Estatuto. Además la Corte observa que el establecimiento del GTAN no le dió derecho a Uruguay ni de autorizar la construcciòn ni autorizar el funcionamiento de las plantas, mientras que deberían seguirse aplicando los artículos 7 a 12. Por lo tanto, contrariamente a lo que Uruguay pretende, la Corte concluye que el acuerdo de 2005 no liberó a Uruguay de sus obligaciones y que al autorizar la construcciòn de las plantas y del puerto antes de que culminara la aplicaciòn del procedimiento de los artículos 7 a 12 Uruguay no respetó el Estatuto.


Ahora vamos hacia el artículo 60 que es el que le da competencia a la Corte. La Corte observa que la obligación de no construir antes de que la Corte se expida no está contenido en el Estatuto. Y que el Estatuto no prevé que en caso de desacuerdo persistente exista posibilidad de veto del segundo país sobre el primero. El país puede, al final de las negociaciones, construir a su propio riesgo aún cuando la Corte no se haya pronunciado. Dado que concurrir a la Corte no es obligatorio sino opcional, no hay necesidad de no construir después del 3 de Febrero de 2006 y Uruguay podría haber construido a partir de ese momento.


Ahora iremos hacia el asunto de fondo y preliminarmente discutiremos que la carga de la prueba está sobre el demandante, quien debe presentar prueba relevante, aunque el demandado debe colaborar. Por lo tanto, se rechaza el argumento argentino de la inversiòn de la carga de la prueba en base al principio precautorio. Nada en el Estatuto indica que la carga de la prueba esté dividida equivalentemente entre las partes. Respecto a la prueba en sí, se ha procurado una gran cantidad de informaciòn por parte de las partes incluyendo testimonios de expertos. Con respecto a los expertos, se considera que quienes presentaron información científica deberían presentarse de forma que pudieran ser interrogados. Pero la Corte no se pronunciará sobre la independencia de los expertos. 


La Corte debe determinar cuales son los hechos que deben ser considerados relevantes y con valor probatorio. La Corte considera que el uso racional y óptimo del río obliga a que pueda ser usado para aplicaciones económicas por un lado pero proteger el ambiente por el otro. La Corte insiste en las atribuciones de la CARU para aplicar el Estatuto. La Corte considera que las previsiones del Estatuto deben cumplirse y que la utilización del río no puede ser consideracda óptima si no se toman en cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a la otra parte. La Corte sostiene que no hay nada en la prueba presentada por Argentina que sugiera que Uruguay está alterando la calidad de las aguas. Por lo tanto Argentina y Uruguay deben determinar un mecanismo de cooperación para asegurar que sigue sin haber afectación de las aguas, coordinando las medidas tomadas por las partes.

En conclusión: Uruguay no procedió correctamente, violando el Estatuto del Río Uruguay. Dicha violaciòn no fue subsanada por el acuerdo de 2005. De cualquier forma, Argentina no tiene derecho de veto, por lo que una vez constatado el desacuerdo permanente Uruguay podía perfectamente construir las plantas. Argentina no demostró, pese a lo extenso de su alegato, ninguna vinculaciòn de la pretendida alteración de la calidad de las aguas con ninguna acciòn de Uruguay. Pero, es crucial que en el futuro ambos países colaboren en el seno de la CARU y Argentina no ha demostrado que Uruguay no haya querido colaborar.

El conflicto no ha terminado, claro. Habrá que ver cómo se posicionan ambos países a partir del fallo y de las declaraciones realizadas en estos primeros momentos. Por Argentina ya no están el Gobernador Busti, el Presidente Kirchner ni el Canciller Bielsa, la Secretaria Piccolotti, el ambientalista Mello, el Ing. Rubio, la vedette Carrozzo, y tantos otros nombres que nos fueron familiares en estos seis o siete años. Por Uruguay ya no están ni el Presidente Vázquez ni el Presidente Batlle, los Ministros Irureta o Arana, la Directora de la Dinama Alicia Torres, la Gerente de Comunicaciones de Botnia Florencia Herrera, ni la misma Botnia, que ahora es UPM.

Es hora de bajar la pelota al piso, y quizá ya es hora también de dejar que Néstor descanse.