El camino de Damasco

 
El cuadro de Murillo, cuyo original está en el Prado de Madrid, ilustra un momento clave en la historia del Cristianismo como doctrina de la Iglesia, la conversión de Schaoul o Saulo de Tarso, más tarde el San Pablo de la interpretación paulina del Cristianismo, emergente del Concilio de Jerusalem en 48 DC.

Saulo (por su nombre hebreo) o Pablo (por su nombre romano, al cual tenía derecho ya que era ciudadano del Imperio) vivía en Tarso de Cilicia (hoy Turquía) y fue enviado a estudiar religión a Jersusalem con Gamaliel (uno de los más famosos Rabinos judíos, de quien hay quien dice que fue bautizado y convertido al cristianismo al final de su vida) durante el Siglo I de nuestra era. Fue contemporáneo de Jesús de Nazaret a quien, sin embargo, no conoció en vida. A sí mismo se describía como

"Yo, circuncidado el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamin, Hebreo hijo de Hebreos; por la ley, Fariseo; por el celo, perseguidor de la Iglesia; para la justicia que se encuentra en la ley, me he vuelto irreprochable"
(Ph.3, 4-6)

Menos caritativos y más descriptivos, Tertuliano apoya los dichos de San Jerónimo y San Jacinto quienes escriben

«Era grueso, de baja estatura y ancho de hombros; sus cejas negras se juntaban sobre su nariz aguileña, tenía las piernas patizambas, la cabeza calva y estaba lleno de la gracia del Señor»

bastante coincidente con la imagen pintada por El Greco que está ahora en el Museu Nacional d' Art de Catalunya, en Barcelona. San Pablo fue un gran escritor y nos dejó de si mismo interesantes descripciones. Como él mismo narra en uno de sus escritos, la Carta a los Gálatas, su celo por el judaísmo le llevó a perseguir al naciente grupo de los cristianos (Ga 1,13-14), a los que consideraba contrarios a la pureza de la religión judía, hasta que en una ocasión, camino de Damasco, Jesús mismo se le reveló y le llamó para seguirle, como antes había hecho con los apóstoles. Saulo respondió a esta llamada bautizándose y dedicando su vida a la difusión del evangelio de Jesucristo (Hch 26:4-18). En Hch 22:6-16 Pablo se defiende ante una multitud relatando su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco: “pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo por qué me persigues?. Yo entonces respondí quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues… levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.”.

Desde ese entonces hasta ahora, "el camino de Damasco" ha pasado a ser el epítome del paradigma de las conversiones. De perseguidor de los fieles a propagandista de la fe, Pablo necesitó de la intervención divina para lograr ver la verdad, al menos la verdad como la entienden quienes profesan la religión católica. Otras personas y entidades no han necesitado de una intervención divina y, por suerte o gracias a Dios, como gustéis, han empezado a variar sus puntos de vista gracias a las pruebas y al raciocinio.

Tal parece ser el caso de El Argentino que entre toda su niebla proto-ACAG y anti-Botnia, empieza a avanzar en la dirección correcta en pasos femtoscópicos gracias a su periodista de investigación Nahuel Maciel. Ciertamente que no como artículo más importante (éste está consagrado a los desagradables olores que junto a las inclemencias del tiempo obligaron a los pobres acagüenses, que realizaban un circo sobre el puente con la esperanza de recibir pan, a desensillar hasta que aclarase, cosa que no sucedió). Ciertamente que no con todas las letras. Pero ciertamente también que empiezan a develarse cosas que son las que avalan la postura uruguaya de que el Estatuto del Río Uruguay nunca fue violado por nuestro país.

Todos recordamos por cierto el famoso informe sobre el estado de la Nación del año 2004 de la República Argentina, donde en la página 126 de los Anexos dice:



Asimismo recordamos las páginas 106 y 107 de dichos Anexos en las que consta


Hasta ahora siempre que se habían mencionado estas páginas, la respuesta de los detractores de Botnia fue que en realidad lo incluido en ese informe se trataba de algún error de un funcionario de inferior jerarquía y que si Uruguay tenía ese acuerdo que lo mostrara. Este argumento elude el punto clave de que el acuerdo a que se refiere tiene dos componentes: el acuerdo verbal de Cancilleres representando a sus países, y el acta de la CARU donde se dan las coincidencias específicas mencionadas en el Informe sobre el Estado de la Nación 2004, esas actas sí firmadas por ambas delegaciones en representación de sus propios países, pero no hechas públicas hasta muy recientemente (tanto Nahuel como yo mismo poseemos copias, si leen hasta el final Uds. también las tendrán).

Sobre el tema del acuerdo de los Cancilleres ya se ha escrito y discutido mucho. El ex-Canciller uruguayo Didier Opertti mandó una carta respuesta al periódico Ambito Financiero donde se lee:


El Miércoles 3 de Marzo de 2004, Lucas Colonna informaba en su columna de La Nación sobre esta reunión de cancilleres y reportaba la oferta uruguaya de monitoreo conjunto (que nunca ha sido retirada desde ese entonces). Decía el artículo de Colonna:

El gobierno del Uruguay se comprometió a mantener informadas a las autoridades argentinas respecto del impacto medioambiental que podría provocar la instalación de una planta de pasta de celulosa frente a la costa de Entre Ríos, emprendimiento que antes de comenzar a ser edificado, como anticipó LA NACION, desató una controversia entre ambos países por los virtuales riesgos que podría traer aparejados sobre los recursos naturales.

"Se acordó que en los próximos cuatro años de construcción va a haber un seguimiento exhaustivo para que se respeten los parámetros medioambientales establecidos para la instalación de la fábrica, que incluirá monitoreos permanentes", dijo Sguiglia.

Según Bielsa, los cortocircuitos iniciales respondieron "a que no se había acordado un mecanismo como el suscripto hoy (por ayer) con Uruguay, que permite que no haya ningún aspecto fuera del escrutinio de quienes están interesados".

"Esta modalidad que hemos acordado con el canciller Opertti creo que salvaguarda las expectativas que tienen los vecinos, legítimas, de conocer en qué medida estos emprendimientos no van a perjudicar su vida cotidiana", dijo Bielsa.

El ex-Canciller argentino Rafael Bielsa no niega la existencia tanto de la reunión como del acuerdo verbal, aunque hace hincapié en que "no se firmó nada" cosa que es inmaterial, porque la reunión de cancilleres produjo su efecto como veremos a continuación, lo que implica que ambos países aceptaban como válido el acuerdo que describen Bielsa y Opertti. Dice Bielsa para defender su actuación en este asunto

Seguidamente, en mi carácter de Ministro de Relaciones Exteriores argentino, había arreglado verbalmente con mi par uruguayo Didier Opperti un procedimiento de tres eslabones, que comenzaba con la provisión de información por parte uruguaya, continuaba con una supervisión argentina de la construcción de las plantas y finalizaba con un monitoreo conjunto y permanente del Río, método que permitió que la Comisión Administradora (que había paralizado sus funciones) volviese al trabajo, pero que se frustró porque Uruguay no informó (el primer eslabón que daba lugar al segundo, y luego al tercero, de la cadena), a pesar de haberlo reclamado yo mismo –si la memoria y las notas no me fallan- en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado Miembros del MERCOSUR (Puerto Iguazú, julio 2004), de la Reunión de Cancilleres del grupo de Río (Brasil, agosto 2004) y en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José de Costa Rica, noviembre 2004).

Sin embargo, de acuerdo a la declaración jurada de la Presidenta de la Delegación Uruguaya a la CARU, Martha Petrucelli, de la cual informa El Argentino (para ver la nota es necesario ingresar primero a http://www.diarioelargentino.com.ar/ y luego ir a la nota cuya dirección está en este link; clickeando el link no puede accederse directamente a la nota) tenemos

“La planta CMB (ENCE) fue formalmente llevada a la atención de la CARU en la reunión plenaria del 8 de julio de 2002. Representantes de la planta vinieron a la CARU a brindar información sobre las mismas. (Acta CARU 6/04, página 1571)”. “Durante los siguientes quince meses la CARU realizó varias peticiones para obtener mayor información sobre la planta” de ENCE. (…) El 10 de junio de 2003 la CARU acusó recibo del estudio de impacto ambiental de la planta por parte de las autoridades uruguayas” (Acta CARU 6/03, página 1083). “El 9 de octubre de 2003, las autoridades para la protección medioambiental del Uruguay emitieron la autorización ambiental previa para la instalación de la planta de ENCE. Esa misma semana, el presidente de la delegación argentina ante la CARU, y en ese momento Presidente en función, tomó conocimiento de la emisión de dicha autorización”. (Acta CARU 11/03, página 2184).

En otras palabras, está claro que al menos respecto a ENCE se cumplieron los pasos acordados en el Estatuto del Río Uruguay (después veremos que hay más que eso). Es decir, la información se recibió en la CARU, aunque el presidente de la delegación argentina, García Moritán, siempre haya dicho que esa información era insuficiente. El Embajador García Moritán fue ascendido a Vice-Canciller cuando asumió el hoy Canciller Taiana y cuestionado por la ACAG. Frente a ese cuestionamiento es interesante ver estos dos párrafos del artículo del Diario Junio - Digital

Apenas una semana después el embajador Roberto García Moritán contestó esa nota, a través del Memorándum 105/2005. Allí aseguró que la CARU planteó en su momento (recién a fines de 2003) la aplicación del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, que establece la consulta a esa comisión para parte del gobierno que proyecte una obra que pueda afectar “la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas”. García Moritán también dejó asentado en ese documento que se actuó siempre en consulta con la Cancillería, pero además, en el punto IV hace referencia al controvertido acuerdo del 2 de marzo de 2004, entre los dos cancilleres, que “llegaron a un entendimiento a fin de adoptar una posición con relación a los mecanismos de control ambiental del río Uruguay”, del cual surgió el Plan de Monitoreo. Se trata, claro, del acuerdo que el gobernador Busti sigue diciendo que no existe.

De este modo García Moritán hizo suyos, ‘avant la lettre’, los argumentos que, varios meses después, hizo públicos Darío Garín, al salir eyectado de la CARU. Vale recordar entonces sus palabras textuales (las de Garín), reproducidas por “Miércoles Digital” : “No incumplí mi deber de funcionario, no cometí ninguna infracción. Mi salida obedece a causas políticas ajenas al proceso de las papeleras” y agregaba: “Sólo el presidente de la delegación tiene voto, y es Roberto García Moritán, designado por Cancillería, le sigue en responsabilidad Héctor Rodríguez, designado por pedido de Busti. Ambos son las autoridades responsables del voto y fueron confirmadas en su cargo. Mi deducción es que no hay disconformidad ni de la Cancillería ni del Gobierno de Entre Ríos con la actuación de la delegación”.

En efecto, lo que García Moritán ha hecho quedó documentado como instrucciones específicas de su Cancillería. En el Acta No. 01/04 del 15 de Mayo de 2004, dice García Moritán



Dos cosas que surgen de este párrafo. Lo fundamental es que toda la actuación de los delegados de CARU fue por instrucciones de las respectivas cancillerías, lo cual entre otras cosas deja en evidencia que cuando Busti mandó a echar con escarnio público a Garín y a Rojas, fue una burda maniobra política donde el hilo se cortó por lo más fino. El texto es contundente,

Más adelante, en la misma Acta 01/04, dice el actual Vice-Canciller García Moritán (cito sólo el texto en lugar de poner el facsímil del acta por razones de espacio).

“Todo este material, sin perjuicio de otro que pueda ser presentado por cualquiera de nuestras dos delegaciones permitirá que la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental inicie su postergada labor en la confección de los mecanismos, programas y planes de control, seguimiento y monitoreo -tanto en lo correspondiente a la etapa de obra como, en particular, en lo que hace a todo el período de operación de la planta- a los efectos de contar por parte de la CARU con un control eficaz conforme lo previsto en el Estatuto del Río Uruguay”.

Es decir que, entre las coincidencias específicas manifestadas el 15 de Mayo, se incluía el convocar a la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental para que elabore un plan destinado al monitoreo, no sólo de la obra sino de la operación. En otras palabras, explícitamente se reconoce aquí que la planta va a operar y que lo que se necesita es monitoreo conjunto. No hay ninguna condicionalidad en cuanto a la construcción de la planta en el lugar en que se había definido (es decir, el famoso tema posterior de la relocalización). Recordemos que esto es el 15 de Mayo de 2004, un año antes de que, según Garín, los gobiernos Nacional de Argentina y Provincial de Entre Ríos empezaran a solicitar la relocalización. Garín fue despedido el 2 de Noviembre de 2005 y dió su conferencia de prensa el 16 o 17 de Noviembre de 2005.

Es de notar en la página 16 del Acta 01/04 una declaración del Arq. Belvisi, quien dice

En este sentido, destacamos la importancia y detalle de la evaluación realizada por la DINAMA a través del informe de la División Evaluación de Impacto Ambiental, anexo a que se hace referencia —en concordancia con lo convenido entre los cancilleres de Argentina y Uruguay en Buenos Aires con fecha 2 de marzo de 2004- donde Uruguay brindará a CARU toda la información sobre el seguimiento de la calidad ambiental.

Esto está firmado por ambas delegaciones, lo que implica la aceptación (por si ello aún no fuera evidente) del acuerdo al que llegaron los Cancilleres. Incluso el delegado argentino Dr. Darío Garin dice

“Y una limitante importante en nuestra postura es el acuerdo celebrado por los Cancilleres en fecha 02.03.04, que ha sido referenciado precedentemente.”

“Lo cierto es que tenemos que abocarnos con los informes que tenemos y en acuerdo celebrado por los Cancilleres.”

Ahí mismo se menciona ya la Comisión de Seguimiento integrada por representantes de la comunidad y del gobierno local, Comisión que como se sabe está ya integrada y funcionando y donde se le han ofrecido puestos a los delegados argentinos, oferta que no por reiterada ha sido aceptada por Argentina.

Uno puede preguntarse por qué fue despedido el Dr. Darío Garin, un delegado político del bustismo, nombrado políticamente y removido políticamente que incrementara notoriamente su patrimonio en los tres años durante los que actuó en la CARU. Quizá la explicación está en las palabras del Delegado Dr. Garin en esa misma Acta 01/04, páginas 19 y 20, donde dice:

“Debe resaltarse, con total y absoluto énfasis, que de los distintos informes técnicos no surge que la actividad en cuestión genere un perjuicio irreversible e inevitable al medio ambiente, al menos de la magnitud que lleve a aconsejar la suspensión de la planta o la oposición a su construcción, al menos con fundamento científico, adhiriéndome expresamente en este punto con el pedido de la Provincia de Entre Ríos de realizar mayores estudios sobre el particular.”

Es decir, toda la delegación argentina firmó que "con total y absoluto énfasis, etc, etc" i.e. no se aconseja la suspensión de la planta o la oposición a su construcción, al menos con fundamento científico. En otras palabras, por capricho o cálculo político sí, pero con fundamento técnico no. Y, para más inri, no se refiere a Ence, sino a la "actividad en cuestión", es decir la fabricación de pulpa de celulosa. ¡Chau contaminación!

Siguiendo con el acta resulta que Rojas, el otro echado, refiere expresamente a la postura del gobierno de Entre Ríos, o sea de Busti:

“De esta manera, y siguiendo lo señalado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, estimo necesario acordar los procedimientos para establecer mecanismos de control y monitoreo, tanto los correspondientes a la etapa de obra como a la etapa de operación. Para ello dentro de la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental se deberían programar una serie dé reuniones entre sus asesores técnicos a los que deberíamos agregar los técnicos que la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguaychú designen a fin de contribuir a producir un dictamen que refleje los controles que se deberán realizar.”

Es clarísimo. Busti no se oponía a la construcción de la planta. También daba por hecho la construcción y la operación. Sólo se limitaba a pedir monitoreo y control.

Ahora bien, a los efectos formales, lo más relevante son las denominadas “coincidencias”, que se registran bajo firma de los presidentes de cada delegación. García Moritán -embajador de carrera de la cancillería argentina y actual vicecanciller ¿en mérito a lo actuado en CARU? – y Belvisi, ex Intendente de Paysandú por el partido Colorado, al cual pertenecía el gobierno de la época de Jorge Batlle y Opertti como canciller. Repasemos lo que dice el siguiente punto de las coincidencias generales:

“En fecha 2 de marzo de 2004 los Cancilleres de Argentina y Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de acción que se dará al tema, esto es, facilitar por parte del gobierno uruguayo, la información relativa a la construcción de la planta y, en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo, por parte de CARU, de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto.”

Bajo firma de los dos presidentes de delegación, que actúan bajo instrucciones de los cancilleres, se deja nuevamente constancia del acuerdo ya citado, y se demuestra patentemente que esta reunión de la CARU es consecuencia directa del mismo. ¡Difícil a estas alturas negar el acuerdo, por más no firmado que esté!.

Sigamos con las coincidencias específicas presentes en el acta 01/04, que son sumamente jugosas. Dice

“I) Ambas delegaciones reafirmaron el compromiso de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay de fecha 2 de marzo de 2004 por el cual el Uruguay comunicará la información relativa a la construcción de la planta incluyendo el Plan de Gestión Ambiental. En tal sentido, la CARU recibirá, los Planes de Gestión Ambiental para la construcción y operación de la planta que presente la empresa al gobierno uruguayo una vez que le sean remitidos por la delegación uruguaya. La CARU, en el marco de sus competencias, dará consideración a los mismos, teniendo en cuenta los términos contenidos en la Resolución Ministerial 342/2003 ya referida, en particular aquellos expresamente señalados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente, como acciones que requieren implementación y estudios adicionales por parte de la empresa antes de la aprobación de los mismos, formulando sus observaciones, comentarios y aportes, los que serán transmitidos al Estado uruguayo para que los absuelva y laude con la empresa. Una vez sustanciados dichos recaudos, se dará conocimiento nuevamente a la CARU.”

Como se ve claramente, esto es definitivo. Ambas delegaciones, siguiendo las instrucciones de sus cancilleres, se comprometen a seguir, y el subrayado es del texto original, los términos de la Resolución Ministerial 342/003 de Uruguay. Resolución que en su momento el gobierno argentino cuestionó, pero que en esta reunión, y enfatizándolo, la toma como referencia. Lo que Uruguay se compromete a mandar son los Planes de Gestión Ambiental PGA. En ese momento, sólo se había emitido una Resolución Ministerial que otorgaba la Autorización Ambiental Previa. El PGA es una etapa posterior, y los PGAs se desarrollan específicamente para la construcción y la operación como se puede ver en este sitio. En otras palabras, nuevamente está claro que se acepta la localización elegida, la instalación, la construcción y la operación, sólo sujeto al monitoreo estricto de la CARU de los controles que la DINAMA hiciere. La segunda coincidencia específica, repito que firmada por ambas delegaciones es

“II) En relación a la fase operativa, se procederá a realizar el monitoreo de la calidad ambiental. Dicho monitoreo será ejercido conforme a las previsiones del Estatuto del Río Uruguay, en especial su Capítulo X, artículos 40 a 43. Ambas delegaciones coinciden en que, atendiendo a la escala del emprendimiento y los posibles efectos que pudieran derivarse del mismo, la CARU adoptará procedimientos de conformidad a la presente acta. Por otra parte, se considera que deben tenerse en cuenta los muestreos realizados hasta el momento por la CARU como línea de base del monitoreo (éstos muestran toxicidad aguda nula y cumplimiento de casi el 100 % de los parámetrcs de calidad respecto a los niveles guía). La decisión de CARU de incorporar al monitoreo dos nuevas estaciones de muestreo de agua en la zona del emprendimiento, contribuirá a la efectividad del mismo.”

De nuevo es contundente, se habla de la fase operativa como un hecho que no se cuestiona. La planta va a operar y se va a monitorear. Luego en la decisión se acuerda “solicitar toda la información relativa a la etapa de la construcción de la planta conforme lo comprometido por la Cancillería uruguaya”. O sea, que se pide sólo la información de la construcción. No se pide nada que refiera al Estudio de Impacto Ambiental, porque esa información ya había sido suministrada por Uruguay (ver luego), de acuerdo a lo que consta en las Actas de la CARU y la declaración aportada por la Dr. Petrocelli. Lo de Taiana en la declaración frente a su propio Congreso -de la cual hablo más abajo- es simplemente mentira o estaba mal informado :-)

Pero si algo queda meridianamente claro es que en toda la historia de este acuerdo, quien mintió groseramente fue Bielsa en sus declaraciones por ejemplo a La Nación

“Lo que sí se acordó verbalmente con el canciller Opertti fue un plan de cuatro eslabones que eran: Uruguay entregaba toda la documentación, la Argentina analizaba esa información y una vez estudiada esa información se tomaba una decisión conjunta sobre dónde localizar las plantas. El cuarto elemento era, una vez cumplido todo esto, un monitoreo conjunto. En un plan de cuatro eslabones, si se incumple el primero, los otros tres se caen.”

Mentira por donde se lo mire. Las palabras localización o relocalización no aparecen en ningún lado del acta. Si la localización era un tema en cuestión ¿por qué el acta de CARU no dice nada al respecto? Lo que es claro también es que en Mayo de 2004 cuando se decidió empezar a trabajar técnicamente en los aspectos de monitoreo de la posible contaminación, tanto el clarísimo acuerdo como todas las acciones posteriores se refieren a Ence (aunque está claro que se habla de la producción de pasta de celulosa en general). Sobre Botnia hablaremos después.

En Noviembre de 2004, a consecuencia del Acuerdo Bielsa-Opertti y el dictamen conjunto de la CARU, se acuerda el Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Areas de Plantas Celulósicas, en cuya primera frase dice “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa…". Es decir, se da como un hecho la implantación de varias plantas de celulosa, o sea no está condicionado al resultado de ningún estudio pendiente ni ambiental ni de localización. Y segundo habla en plural. En noviembre de 2004 CARU estaba ampliamente informada del proyecto de Botnia, a la que Uruguay recién le otorgó la Autorización Ambiental Previa en febrero de 2005, lo veremos a continuación. Pero además no se excluye la posibilidad de otras plantas, uruguayas o argentinas.

En este punto es que tenemos que empezar a recurrir a largos documentos, los de las presentaciones realizadas frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En particular, en este documento de 644 páginas se encuentran los Volúmenes I y II de pruebas aportadas por Uruguay (32 MB). En la página 7, por ejemplo, se describen los AAP (Autorización Ambiental Previa) y PAG (Permiso Ambiental de Gesión) mostrando de nuevo que la CARU al hablar de PAGs ya tenía conocimiento de los AAPs. Lo más jugoso de todo el paquete, sin embargo, está en el volumen II a partir de la página 373 donde están nada menos que... las actas de la CARU, incluyendo la ya comentada del 15 de Mayo de 2004. Como los magos entonces, mostrando como se hacía el truco, ya todos podemos ver los originales y comentar sobre los distintos aspectos que más nos interesen, de la misma manera que El Argentino y Análisis Digital. Algunos ejemplos son los siguientes.

En las páginas 457-458 tenemos una lista de todos los documentos y los CDs que la delegación uruguaya entregó a la argentina en el GTAN. Eso va para los que dicen que Uruguay no dió información.

En las páginas 489-494 tenemos una declaración jurada del Ing. Martín Ponce de León, describiedo la situación de Uruguay en términos de su desarrollo y la inserción de los procesos de producción de pasta de celulosa en el mismo. Dos interesantes partes son la que se refiere a que se entregó copia completa de los expedientes referentes a las autorizaciones ambientales y la que muestra que Uruguay ofreció a la delegación argentina reunirse con los propios técnicos proyectistas de las empresas, a lo que la delegación agentina ¡se negó! (eso va para los que hablan de falta de información y transparencia de Uruguay en el GTAN).

En las páginas 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 y 522 tenemos la declaración jurada de Timo Pillonen, Director de Botnia Sud-America S.A. y responsable de las operaciones de la planta Orion. La reproduzco página por página para los que no tengan tiempo o ganas de bajar el documento completo. En el punto 4 (pág. 515) se explica lo de la localización, en el punto 6 en la misma página compromete bajo juramento que la planta Orion va a tener efluentes y emisiones por debajo de los promedios de las plantas nuevas en cualquier lugar del mundo (cosa que ahora que estamos midiendo sabemos que es absolutamente cierto), en el punto 12 (pág. 516) da las direcciones web de donde se puede ver que las plantas de Botnia son las que producen menos efluentes entre todas las plantas finlandesas y suecas (las mejores del mundo), en el punto 13 (misma página) dice que esperan (ahora sabemos que es cierto) obtener efluentes muy por debajo de los límites impuestos por Dinama que son tan exigentes (y en algunos casos más) que los finlandeses, y en los puntos 22 a 27 compromete límites de emisión mejores en todos los casos a las plantas de USA, Europa en general, Canadá, Brasil, Finlandia, Suecia y, por supuesto, Argentina. Hoy sabemos, porque monitoreamos en forma continua, que eso que se prometió es cierto totalmente.

Finalmente, en las páginas 379-383 tenemos la declaración jurada de la Dra. Petrocelli que no tiene desperdicio ninguno. Algunas perlas ya las comentamos en el extracto que hace El Argentino (que obviamente basa su información en esta misma documentación). Otras son más que elocuentes como, por ejemplo, que la CARU el 10/6/03 acusó recibo del IAR de CMB, que el 21/7/03 miembros de la CARU asistieron a la audiencia pública en Fray Bentos e informaron en una reunión plenaria de la misma, que fue García Moritán, no obstante todo lo anterior, quien pidió activar el Capítulo XV, Artículo 60 (veremos más sobre ello más abajo) para terminar yendo a La Haya, que los delegados argentinos Garin y Rojas(¡oh casualidad! los que echaron) viajaron a España e inspeccionaron la planta de Ence en Huelva, similar en tecnología a la propuesta para Fray Bentos (también concurrió un técnico de Entre Ríos, advinen quien... ¿Moguilner quizá?), que no sólo la CARU mantuvo varias sesiones sobre el proyecto Orion con técnicos del mismo entre Abril y Octubre del 2004, sino que miembros de la CARU (incluyendo a Rojas) fueron a Finlandia, inspeccionaron plantas y se reunieron con oficiales del gobierno finlandés, que el Ing. Antunez participó por la CARU en la presentación pública en Fray Bentos del 21/12/2004, informando a aquélla, que todo el material concerniente a la autorización a las plantas fue entregado al GTAN, que García Moritán manifestó la satisfacción argentina con el trabajo desarrollado por el Grupo de Aguas y avaló la implementación del PROCEL que se aplicó durante un año corrido, y finalmente que, cuando los informes de la campaña ya hecha estaban prontos para discutir, luego de un año de trabajo comúnmente acordado, fue el propio García Moritán quien pateó el tablero e impidió que la CARU tratara ningún tema relativo al monitoreo del río Uruguay, labor que Uruguay siguió haciendo por su cuenta. Se supone que nuevamente a raíz de instrucciones que le dió su gobierno, el que luego lo premiara con la Vice-Cancillería.

Todo lo descrito hasta acá está en el documento uruguayo, pero no en base a pruebas uruguayas, sino a las actas oficiales de la CARU firmadas también por los representantes argentinos. Queda entonces meridianamene claro que la CARU estaba al tanto tanto de CMB como Orión, que el acuerdo Bielsa-Opertti existió y como consecuencia se realizaron todas las actividades de la CARU (idas a Finandia incluidas) y se activó el PROCEL que se ejecutó durante un año de común acuerdo entre Uruguay y Argentina. Parece entonces bastante claro cual fue el gobierno que actuó de buena fe y cual el que borró con el codo lo que escribió con la mano.

Veamos ahora lo que dice Argentina. El documento de 571 páginas (que pesa 93 MB, ¡ojo!) por el cual Argentina demandó a Uruguay frente a la Corte de La Haya puede encontrarse aquí. A ese documento yal uruguayo hace referencia El Argentino cuando dice que accedió a algunas de las pruebas presentadas. Así ahora nosotros también podemos. Ahí consta el facsímil de la carta que el 14 de Diciembre de 2005 remitiera García Moritán a Francisco Bustillo donde se lee lo que dice El Argentino (en los momentos en que esto escribo levantado también por Análisis Digital):



Recordemos que ya en Octubre de 2003, cuando Orión no andaba en la vuelta, García Moritán había querido recurrir al Art. 60. Si bien el 21 de Diciembre la CARU todavía estaba siendo informada de lo que pasaba con Orión, y desde Agosto funcionaba el GTAN, García Moritán ahora como Vice-Canciller insiste con el Art. 60. Curiosamente a Nahuel se le escapó esa noticia aún más impactante y que, sin ninguna duda, es de primer rango. Veamos lo que ese documento del 14 de Diciembre sigue diciendo después del "y". Este es el facsímil.

En otras palabras, lo anterior avala con la firma del Vice-Canciller de la República Argentina, que el Grupo Técnico de Alto Nivel es el mecanismo por el cual se activa el artículo 60 del Estatuto. Ese artículo 60 dice,


Es decir que García Moritán con su firma y, a través de él el gobierno argentino, reconocen que se están siguiendo los pasos previstos por el Estatuto. Si ello está pasando es porque necesariamente cualquier incumplimiento en que hubiere incurrido Uruguay -si existiere- fue subsanado, dado que se están nuevamente siguiendo los pasos previstos por el Estatuto. Esa es la debilidad esencial que le consta al gobierno argentino y a los juristas argentinos que tiene su presentación frente a La Haya. Acusan a Uruguay de haber incumplido el Estatuto, pero lo hacen admitiendo que se siguieron por parte de Argentina y Urugay los pasos previstos por el Estatuto para presentarse frente a la Corte y que cualquier incumplimiento inicia de Uruguay se subsanó por el acuerdo de Cancilleres y la creación del GTAN. Nótese que si esto no fuera así, Argentina no estaría habilitada por el Estatuto para concurrir a La Haya.

De hecho, existen más contradicciones en la presentación argentina. Por ejemplo, se incluye la presentación del Canciller Taiana frente al Honorable Congreso de la Nación (Argentina) del 14 de Febrero de 2006, donde el Canciller dice:

El Gobierno argentin0 también entiende que no se ha cumplido el compromiso contraido por ambos Gobiernos en el articulo 7 del Estatuto del Rio Uruguay, en la medida que el proceso alli estipulado para este tipo de casos no ha tenido lugar. Hasta el presente, laComision no ha tomado conocimiento del informe solicitado oportunamente a las autoridades competentes uruguayas.

Pero, viendo las actas de la CARU reseñadas en la declaración de la Dra. Petrocelli citadas más arriba, desde el 8 de Julio de 2002 hasta el 9 de Octubre del 2003, Uruguay estuvo informando permanentemente a la CARU sobre el emprendimiento. Otra cosa es que Argentina no estuviera satisfecha con los informes, como lo dice el Canciller Taina en el mismo informe

"Es importante destacar que la citada documentacion parece resultar insuficiente para poder emitir opinion técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto, y nada dice de los compromisos asumidos en la Declaracion de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en el Estatuto del Rio Uruguay."

Esto es justamente lo que debería desencadenar todo el proceso que termina en las consultas directas y el Art. 60 por lo que, nuevamente, el propio gobierno argentino se encarga de mostrar que como mínimo respecto a Ence, sí que Uruguay siguió los pasos acordados por el Estatuto (ya hemos visto que también lo hizo respecto a Botnia). La esencia de la controversia es que Argentina entiende que la no concesión del acuerdo argentino para la construcción entraña efectos suspensivos y pretende que Uruguay no debió construir nada hasta que Argentina le hubiera dado permiso. Y es ahí que cobra relevancia realmente el hecho de que Argentina diga que existe una controversia acerca de la "aplicación e interpretación" del Estatuto. Clarísimo.

Como conclusiones

1. Las actas de la CARU muestran que la misma estuvo permanentemente informada de la instalación de ambas plantas.
2. Las actas de la CARU muestran que la delegación argentina no consideró suficientes estas explicaciones en 2003 y quizo activar el mecanismo de solución de controversias (Art. 60) impidiendo las reuniones de la CARU mediante su ausencia.
3. Las actas de la CARU, la prensa de ese momento y los actores participantes son contestes en manifestar que el acuerdo Bielsa-Opertti existió para subsanar la inacción en que se encontraba la CARU. Eso está firmado en el acta del 15/5/04 de la CARU por la delegación argentina.
4. Las actas de la CARU muestran que el Dr. Garin hablando por la delegación argentina el 15/5/04 afirmó que desde un punto de vista científico no se puede decir que "la actividad en cuestión genere un perjuicio irreversible e inevitable al medio ambiente".
5. Las actas de la CARU muestran que se elaboró un plan de monitoreo de la zona de las "plantas de celulosa" (en plural) y se lo aplicó durante un año.
6. Las actas de la CARU muestran que Garin, Rojas y un técnico entrerriano (no lo dice, pero entendemos que fue Moguilner) viajaron a España a inspeccionar la planta de Ence en Huelva.
7. Las actas de la CARU muestran que durante 2004 se reuniero al menos 3 veces con representantes del proyecto Orión.
8. Las actas de la CARU muestran que integrantes de la misma (incluyendo a Rojas) viajaron a Finlandia a interiorizarse del proceso industrial de Botnia y hablar con los gobernantes finlandeses.
9. Las actas de la CARU muestran que delegados de la misma participaron en las dos sesiones públicas en Fray Bentos destinadas a discutir CMB y Orion (obligatorias por la ley uruguaya; eso va para los que tanto cacarean con la "licencia social").
10. Finalmente, los testimonios de la Dra. Petrocelli y el Ing. Ponce de León, así como las propias actas del GTAN, muestran que Uruguay entregó copiosa documentación a este grupo, incluyendo los expedientes completos de la autorización ambiental a las plantas.

Leído todo lo anterior, ¿a alguien le cabe alguna duda de por qué el gobierno argentino está convencido de que va a perder el juicio en La Haya? O de ¿por qué de a poco se va develando toda esta información que le estaba vedada conocer al público argentino, ya que su prensa no se lo informaba? Nahuel no será Saulo, pero como su nombre lo indica ha sido un tigre para desenterrar información. Veremos ahora si lleva sus investigaciones a las conclusiones lógicas, para lo cual le doy la mano de más arriba. ¡No sería justo que El Argentino tuviera todas las primicias! ¿verdad?

Sic transit gloria mundi.